Pagar antes de repartir: Prelación  de los acreedores del causante ante los legatarios de cosa determinada  en ausencia de herederos legitimarios.

Pagar antes de repartir: Prelación de los acreedores del causante ante los legatarios de cosa determinada en ausencia de herederos legitimarios.

La determinación del inventario del causante incluyendo, por cautela, los bienes objeto de legado de cosa determinada a los fines de poder conocer si la entrega del bien legado puede perjudicar, o no, la integridad de la masa patrimonial del causante, que al igual que en vida de este es la garantía frente a sus acreedores, viene siendo reconocida por la llamada jurisprudencia menor. Dicha precaución patrimonial de los acreedores no va a quedar  afectada porque no existan sucesores legitimarios, es decir, aunque no surja la “pars bonorum” sobre los bienes del causante. Extractamos  tres sentencias de las Audiencias Provinciales.

La Sentencia de la Audiencia Provincial  de Córdoba (Sección 1ª) Sentencia num. 47/2013 de 4 marzo recoge expresamente esta prelación del acreedor sobre el  legatario de cosa cierta aunque no haya legitimarios:
 “Por ello, con independencia de que tenga que excluirse del inventario el bien inmueble legado como cosa específica, puesto que no concurre con legítima alguna, lo que no se puede es, antes de la entrega del legado en sí mismo considerado, ya se trate de éste o del más genérico del usufructo de la totalidad de los bienes de la herencia, dejar de efectuar el inventario y avalúo, contemplando las deudas que pudieran existir, a fin de que se pueda saber si cabe hacer entrega de lo legado, previa satisfacción a los acreedores que pudieran existir, lo que no será posible sin las operaciones dirigidas a su determinación.”
Y la Sentencia de la Audiencia Provincial  de Castellón (Sección 1ª) Sentencia num. 7/2014 de 31 enero (Ponente.- Pedro Luis Garrido Sancho) donde resulta interesante la justificación de esa prelación de los acreedores frente a los legatarios basada, a la postre, en la protección del principio de responsabilidad patrimonial universal del causante:
 “Si no se les paga a los acreedores se les infiere un daño, mientras que los legatarios sólo dejan de obtener una ganancia. La preferencia de acreedores sobre legatarios es una justificada anteposición de quienes procuran no sufrir un daño respecto a quienes buscan un lucro.
(…) Esta preferencia puede ser afirmada en virtud del art. 1911 CC , que establece que el deudor responderá del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros, responsabilidad que no es sino la principal garantía para el acreedor que quedaría muy disminuida si los bienes del causante sirviesen de garantía también para los legatarios sin previa preferencia de acreedores de la herencia.”
Y para finalizar reseñamos la Sentencia de la Audiencia Provincial  de las  Islas Baleares (Sección 5ª) Sentencia num. 96/2016 de 12 abril (Ponente.- Mateo L. Ramón Homar) en la que se postula la prelación de los acreedores frente a los legatarios de cosa cierta:
“Es obvio, tal como acertadamente indica la sentencia de instancia, que una distribución de la herencia en legados en cosa cierta y determinada, no puede constituir un medio para impedir la aplicación del principio general de responsabilidad patrimonial universal y con ello perjudicar a los acreedores del causante, impidiéndoles, o al menos, dificultándoles, el ejercicio de su legítimo derecho.”

Diferentes efectos preclusivos de la falta de impugnación del Inventario o de la Lista de Acreedores del Informe de la Administración Concursal

Diferentes efectos preclusivos de la falta de impugnación del Inventario o de la Lista de Acreedores del Informe de la Administración Concursal

La reciente Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo número  558/2018 de 9 de octubre señala que la ausencia de impugnación del Inventario, a diferencia de la Lista  de Acreedores, no produce efectos declarativos, dado que aquel tiene una mera función  informativa:

“De la que se colige que el inventario y la lista de acreedores tienen una naturaleza  diferente: mientras que la lista de acreedores, con la excepción de lmodificaciones derivadas  de las previsiones de los arts. 97, 97 bis y 97 ter LC (y demás supuestos previstos legalmente, a los que se remite el art. 97.3 LC), determina de manera definitiva la composición de la masa  pasiva, que ya no podrá ser combatida, el inventario tiene naturaleza informativa, por lo que la  inclusión en dicho documento de un bien o derecho no constituye un título de dominio diferente a los previstos en el art. 609 CC.”

En consecuencia, la inclusión de bienes o derechos en el inventario, si no hubiera sido impugnado conforme al art.96 LC, puede ser objeto de acción declarativa ya que  “ni crea ni extingue derechos” debiendo ejercerse aquella mediante un incidente concursal o mediante un procedimiento judicial declarativo, si es fuera del concurso, tal y como aclara la precitada Sentencia: 
 
“De ahí que sea compatible la inclusión de estos bienes y derechos dentro del 
inventario con el posible litigio sobre tales derechos, en un juicio declarativo dentro del 
concurso o incluso fuera de él, de acuerdo con las reglas previstas en los artículos 50, 51 y 54 
LC.  Por ello, únicamente podría hablarse de preclusión, e incluso, en puridad, de cosa 
juzgada, si la misma parte y por las mismas razones ahora esgrimidas hubiera impugnado en 
su día el inventario por el cauce del incidente concursal ( art. 196.4 LC). Pero al no haber sido 

así, no puede impedírsele que ejercite su acción.”

 
En definitiva que se agradece y resulta esclarecedora  dicha sentencia al disipar dudas interpretativas sobre los efectos preclusivos derivados de la  falta de impugnación del inventario y la lista de acreedores del Informe de la Administración Concursal que viene a  sintetizar  la posición  que venía propugnándose desde las resoluciones de las Audiencias Provinciales sobre dicha cuestión.
 
Control de incorporación  de cláusula suelo a no consumidor: STS 322/18 de 30 de mayo

Control de incorporación de cláusula suelo a no consumidor: STS 322/18 de 30 de mayo

 

El TS examina en la citada Sentencia  la aplicación judicial del control de incorporación de una cláusula suelo en un contrato celebrado  con una promotora que tiene forma de sociedad limitada, y que no tiene la condición de consumidor, diferenciándolo de la control de transparencia, que es aplicable solo a los consumidores.

Señala el tribunal que no cabe duda de que sea aplicable el control de incorporación establecido en los artículos 5 y 7.b de la Ley 7/1998 de Condiciones Generales de Contratación aunque  el adherente no sea consumidor.

Y recuerda (con cita a otras sentencias)   que,  con carácter general,  para declarar, o no, la existencia de claridad  y comprensibilidad gramatical y, por tanto, la incorporación al contrato, no existe uniformidad pues ello  que depende de la complejidad de la materia del contrato y de la cláusula controvertida:

 

«Para que puedan considerarse incorporadas al contrato, las condiciones generales han de ser claras, concretas, sencillas y comprensibles directamente en atención al producto que se comercializa. Y para juzgar sobre este extremo, hemos declarado en otras ocasiones que «la exigencia de claridad y comprensibilidad de una condición general, a los efectos de realizar el control de incorporación, no es uniforme, sino que depende de la propia complejidad de la materia sobre la que versa el contrato, y, más en concreto, de la cláusula controvertida» ( sentencias 688/2015, de 15 de diciembre , y 402/2017, de 27 de junio ).
(…)

En este caso, en que el banco concede un préstamo a una empresa dedicada a la promoción inmobiliaria, a interés variable, con un previo periodo de carencia al posterior de amortización del préstamo, la cláusula refiere en cada caso cuales serían los límites mínimo y máximo, en los apartados 1 y 2, y en el 4 advierte cuales serían esos límites en todo caso. Además, resalta estos porcentajes en negrita, lo que impide que pudieran quedar confundidos con el resto del redactado. Por el producto que se comercializa, una hipoteca destinada a un promotor inmobiliario, y la forma en que está redactada, no puede negarse que, de forma abstracta, cumpla las reseñadas exigencias de claridad y comprensibilidad. Lo cual es a su vez compatible con que pudiera existir algún problema puntual de interpretación, y que en su resolución se aplicara la regla que con carácter general prevé el art. 1288 CC , y con carácter particular el art. 6.2 LCGC («Las dudas de interpretación de las condiciones generales oscuras se resolverán a favor del adherente»).»