por Miguel Rodrigo Moralejo | Feb 16, 2019 | Concursal
La reciente Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo número 558/2018 de 9 de octubre señala que la ausencia de impugnación del Inventario, a diferencia de la Lista de Acreedores, no produce efectos declarativos, dado que aquel tiene una mera función informativa:
“De la que se colige que el inventario y la lista de acreedores tienen una naturaleza diferente: mientras que la lista de acreedores, con la excepción de lmodificaciones derivadas de las previsiones de los arts. 97, 97 bis y 97 ter LC (y demás supuestos previstos legalmente, a los que se remite el art. 97.3 LC), determina de manera definitiva la composición de la masa pasiva, que ya no podrá ser combatida, el inventario tiene naturaleza informativa, por lo que la inclusión en dicho documento de un bien o derecho no constituye un título de dominio diferente a los previstos en el art. 609 CC.”
En consecuencia, la inclusión de bienes o derechos en el inventario, si no hubiera sido impugnado conforme al art.96 LC, puede ser objeto de acción declarativa ya que “ni crea ni extingue derechos” debiendo ejercerse aquella mediante un incidente concursal o mediante un procedimiento judicial declarativo, si es fuera del concurso, tal y como aclara la precitada Sentencia:
“De ahí que sea compatible la inclusión de estos bienes y derechos dentro del
inventario con el posible litigio sobre tales derechos, en un juicio declarativo dentro del
concurso o incluso fuera de él, de acuerdo con las reglas previstas en los artículos 50, 51 y 54
LC. Por ello, únicamente podría hablarse de preclusión, e incluso, en puridad, de cosa
juzgada, si la misma parte y por las mismas razones ahora esgrimidas hubiera impugnado en
su día el inventario por el cauce del incidente concursal ( art. 196.4 LC). Pero al no haber sido
así, no puede impedírsele que ejercite su acción.”
En definitiva que se agradece y resulta esclarecedora dicha sentencia al disipar dudas interpretativas sobre los efectos preclusivos derivados de la falta de impugnación del inventario y la lista de acreedores del Informe de la Administración Concursal que viene a sintetizar la posición que venía propugnándose desde las resoluciones de las Audiencias Provinciales sobre dicha cuestión.
por Miguel Rodrigo Moralejo | Jun 10, 2018 | consumidores
El TS examina en la citada Sentencia la aplicación judicial del control de incorporación de una cláusula suelo en un contrato celebrado con una promotora que tiene forma de sociedad limitada, y que no tiene la condición de consumidor, diferenciándolo de la control de transparencia, que es aplicable solo a los consumidores.
Señala el tribunal que no cabe duda de que sea aplicable el control de incorporación establecido en los artículos 5 y 7.b de la Ley 7/1998 de Condiciones Generales de Contratación aunque el adherente no sea consumidor.
Y recuerda (con cita a otras sentencias) que, con carácter general, para declarar, o no, la existencia de claridad y comprensibilidad gramatical y, por tanto, la incorporación al contrato, no existe uniformidad pues ello que depende de la complejidad de la materia del contrato y de la cláusula controvertida:
«Para que puedan considerarse incorporadas al contrato, las condiciones generales han de ser claras, concretas, sencillas y comprensibles directamente en atención al producto que se comercializa. Y para juzgar sobre este extremo, hemos declarado en otras ocasiones que «la exigencia de claridad y comprensibilidad de una condición general, a los efectos de realizar el control de incorporación, no es uniforme, sino que depende de la propia complejidad de la materia sobre la que versa el contrato, y, más en concreto, de la cláusula controvertida» ( sentencias 688/2015, de 15 de diciembre , y 402/2017, de 27 de junio ).
(…)
En este caso, en que el banco concede un préstamo a una empresa dedicada a la promoción inmobiliaria, a interés variable, con un previo periodo de carencia al posterior de amortización del préstamo, la cláusula refiere en cada caso cuales serían los límites mínimo y máximo, en los apartados 1 y 2, y en el 4 advierte cuales serían esos límites en todo caso. Además, resalta estos porcentajes en negrita, lo que impide que pudieran quedar confundidos con el resto del redactado. Por el producto que se comercializa, una hipoteca destinada a un promotor inmobiliario, y la forma en que está redactada, no puede negarse que, de forma abstracta, cumpla las reseñadas exigencias de claridad y comprensibilidad. Lo cual es a su vez compatible con que pudiera existir algún problema puntual de interpretación, y que en su resolución se aplicara la regla que con carácter general prevé el art. 1288 CC , y con carácter particular el art. 6.2 LCGC («Las dudas de interpretación de las condiciones generales oscuras se resolverán a favor del adherente»).»
por Miguel Rodrigo Moralejo | Feb 18, 2018 | consumidores
Cabe control de abusividad sobre la cláusula de interés de demora, aunque la misma no vulnerase los limites fijados en el art. 114.3 LH, siempre que sea desproporcionadamente elevada en relación al interés remuneratorio, de conformidad con lo previsto en el art. 82.1 y 85.6 de la LGCU, conforme se señala en la STS de 23 de diciembre de 2015.
Conviene señalar que el juez puede acudir a diversos criterios para detectar la abusividad de la cláusula de interés de demora. Al hilo de ello la STS 265/2015 de 22 de abril, plenamente aplicable a los préstamos hipotecarios -de conformidad con lo señalado en la STS 364/2016 de 3 de junio- señala que los límites del art.114.3 LH pueden servir como control de contenido previo, notarial o registral, o, incluso pueden constituir un óbice procesal, en caso de ejecuciones hipotecarias, pero no pueden constituir un derecho supletorio cuando se haya producido una declaración judicial de abusividad de la cláusula de interés de demora.
En este sentido el Auto del TJUE de 17 de marzo de 2016 (Asunto Ibercaja) estableció que el juez nacional no puede limitar la abusividad a los límites del 114.3 del LH, dado que, como decíamos, el interés de demora puede, pese a ser menor de dichos límites, ser abusivo.
Según la STS 265/2015 de 22 de abril, el examen que se debe llevar a cabo en el juicio de abusividad versará sobre la correlación entre el interés remuneratorio y el de demora para ver si este último cumple una doble función: a) la de remunerar los incumplimientos y b) la de disuadir de los mismos; señalándose en dicha resolución, que la adicción de 2 puntos al interés remuneratorio (en analogía con la penalización del art. 576 de la LEC respecto a la demora en el cumplimiento de resoluciones judiciales) cubriría ambas funciones.
Para finalizar hemos de añadir que, conforme a la jurisprudencia citada, el juez, en caso de abusividad, no puede integrar, la cláusula se expulsa y se tiene por no puesta, pero, en ciertos casos, si puede hacer uso de la facultad sustitutoria aplicando el derecho nacional: cuando la declaración de nulidad conlleve la nulidad de todo el contrato, que no es el caso dado que el interés de demora no es un elemento esencial cuya nulidad comporte la de todo el contrato.
Al expulsarse, en caso de abusividad, la cláusula del contrato no quiere decir que, en caso de incumplimiento no se remunere el mismo, pues ello ya está previsto en el ordenamiento jurídico, de forma general (en el art. 1108 del CC) y, más específicamente (para los préstamos hipotecarios) en la STS 364/2016 de 3 de junio que considera razonable que el interés de demora sea el remuneratorio incrementado en 2 puntos.