por Miguel Rodrigo Moralejo | Oct 5, 2017 | Posesión
El procedimiento de tutela sumaria de la posesión antiguamente venía regulado en el artículo 1651 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, como interdictos posesorios, y, hoy día, viene regulado como procedimiento de tutela sumaria de la posesión en el artículo 250.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000.
La finalidad de estos procedimientos sigue siendo la misma: garantizar el orden público y que nadie se tome la justicia por su mano para despojar a un poseedor de hecho… por muy fundado que se crea que en su derecho quien lleva a cabo el despojo. Es a los tribunales a quien hay que acudir para conseguir la posesión cuando quien viene poseyendo se opone a dejarla.
Y, al hilo de ello, conviene señalar también, que tampoco es en este procedimiento, sumario, donde deba debatirse el ius posidendi , el derecho a poseer, pues como ya apuntamos, el objeto es acreditar el ius posesionis, es decir, la posesión material, el hecho posesorio, y, en consecuencia, la legitimación activa solo corresponde al poseedor de hecho.
La base sustantiva civil la encontramos en 2 artículos del Código Civil:
El artículo 441 que establece que: “En ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión mientras exista un poseedor que se oponga a ello. El que se crea con acción o derecho para privar a otro de la tenencia de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega, deberá solicitar el auxilio de la Autoridad competente”. Es decir que si quien cree que tiene acción para privar al poseedor de facto de su posesión lo que debe hacer es instar judicialmente el declarativo correspondiente y alcanzar la posesión material o de facto.
Y, respecto al poseedor de hecho, el artículo 446 señala que: “Todo poseedor tiene derecho a ser respetado en la posesión, y, si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimiento establecen”; dicho medio actualmente es el juicio verbal de protección sumaria de la posesión previsto en el artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La Audiencia Provincial de Zamora, se ha pronunciado en varias sentencias recordando la peculiar naturaleza del procedimiento interdictal. Baste por todas la reciente Sentencia num. 179/2015 de 6 noviembre (Ponente: Don Jesús Pérez Serna):
“En este sentido, se hace necesario dejar sentado, como dice la Sentencia de la A.P. de Pontevedra, 1º, de 31 de Octubre de 2007 , que el llamado juicio interdictal de recobrar la posesión es un procedimiento sumario destinado a proteger la posesión actual como hecho de la posesión o tenencia, es decir, una situación de hecho, cualquiera que fuera su origen o naturaleza, contra el despojo consumado en daño del poseedor, que tutelando una apariencia jurídica, intenta restaurar la situación primitiva modificada arbitraria o unilateralmente por los particulares, tomándose la justicia por su mano, sin acudir a la vía establecida por el Derecho. Los interdictos se basan en la prohibición de las vías de hecho contra el poseedor que consagran los arts. 441 y 446 del Código Civil . Su ámbito se limita a la posesión de mero hecho, con indiferencia del título en que se funde, y por tanto excluyendo el enjuiciamiento de toda cuestión compleja, y, muy especialmente, el derecho de propiedad, que de ningún modo puede discutirse en esta vía, sino a través del proceso declarativo correspondiente.”
Y en el mismo sentido, se pronuncian unánimemente la sentencias de las Audiencias, citando, por su cercanía en el tiempo, la Sentencia de la AP CÁCERES num. 137/2017 de 15 marzo (Ponente: Don Luis Sanz Acosta):
“Este juicio verbal es un procedimiento sumario, como por demás proclama el propio precepto, destinado a proteger la posesión como hecho o el hecho de la posesión contra el despojo consumado en perjuicio del poseedor, a fin de salvaguardar el principio de orden público latente en los artículos 441 y 446 del Código Civil , que trata de impedir el que nadie se tome la justicia por su mano; quedando fuera de los límites del procedimiento las cuestiones referentes al derecho de propiedad o al derecho a poseer, toda vez que quien se crea con derecho a tener la posesión de una cosa en virtud del derecho de propiedad o de otro que le otorgue tal facultad, no puede privar por la fuerza de sus propios actos a otra persona de la posesión de que disfruta, por muy infundada que la encuentre, debiendo acudir para ello a los procedimientos judiciales correspondientes, entre los cuales no se halla, evidentemente, el sumario de protección posesoria, cuya única finalidad es proteger el hecho posesorio ante una situación de despojo. En efecto, es doctrina comúnmente admitida la que, partiendo de la distinción entre el «ius possidendi», entendido como facultad que integra el contenido del derecho de dominio y otros derechos reales, así como también de algunos derechos personales que implican normalmente la facultad de poseer, y el «ius possessionis», entendido como un poder independiente de cualquier clase de titularidad o derecho que pudiera existir sobre la cosa a la que afecta esa situación de poder, se limita la protección interdictal a la situación de hecho, consistente en la ostentación externa por parte de una persona del ejercicio de un poder o cualidad con apariencia de jurídicos, considerándose poseedor a quien se está de hecho comportando con respecto de una cosa como titular de un derecho sobre la misma aunque en realidad no lo sea, lo cual significa que para ser considerado poseedor se requiere, como sostiene LACRUZ BERDEJO: a) un elemento material, consistente en la relación física con la cosa; y b) y un elemento espiritual, integrado por la creación de una apariencia, que es el aspecto externo de la posesión.
A estos requisitos se añade otro de carácter temporal, de conformidad a lo establecido en los artículos 460.4 y 1968.1 del Código Civil , consistente en que la demanda se presente antes de haber transcurrido un año del acto de despojo o privación”
por Miguel Rodrigo Moralejo | Sep 8, 2017 | Costas, Justicia Gratuita
Las cantidades que constan consignadas en concepto de crédito por costas no pertenecen al litigante vencedor en costas que gozaba del beneficio de justicia gratuita, que además nada ha abonado, por lo que, en consecuencia, debe dársele el destino que previene el art. 36 de la Ley de Asitencia Jurídica Gratuita 1/1996, de 10 de enero, es decir, estas pertenecen a los profesionales de la defensa y representación designados por turno de oficio para la defensa y representación de dicho litigante, siendo una excepción al principio general en el que la condena en costas supone un derecho de crédito a favor del litigante vencedor.
Y es que , en el caso de que el beneficiario de justicia obtenga un pronunciamiento favorable en costas , quien finalmente resulta beneficiado por dicha decisión judicial es quien resulta eximido de dicha obligación pecuniaria, es decir, el Erario público, que ya no va abonar dichas costas, y no la parte beneficiaria de justicia gratuita.
Por tanto es a favor de los profesionales de turno de oficio a quienes se les ha de expedir el mandamiento judicial de pago de tales costas, que habrán sido previamente tasadas como las de cualquier otro profesional privado, conforme al arancel o criterios que resulten de aplicación. Debiendo estos a su vez, una vez percibidas dichas costas tasadas, devolver al Erario público las cantidades que, en su caso, hubieran percibido anticipadamente.
En este sentido existen pronunciamientos unánimes de las Audiencias Provinciales.
- Auto 93/2010 de 12 de mayo de la AP de BARCELONA (SEC.19ª)
«Es decir, el beneficio de justicia gratuita otorga al beneficiario el derecho de ser asistido por Abogado y Procurador nombrados de oficio, que en principio serán retribuidos a través de los mecanismos establecidos legalmente, pero en el caso de que la persona que goce de dicho beneficio sea acreedora de la condena en costas, la retribución de dichos profesionales se llevará a cabo a través de la misma, de donde resulta que si bien las costas son un crédito de la parte y no de los profesionales, y por tanto perfectamente renunciables por aquélla, en el caso de que esos profesionales hayan sido nombrados de oficio, un correcto entendimiento de los preceptos antes transcritos nos lleva a concluir que no podrá la beneficiaria de la justicia gratuita renunciar a cobrarlas, o desistir del procedimiento para llevar a cabo su exacción, porque a pesar de ejercitar un derecho propio, ese ejercicio es en interés o beneficio de terceros, y su renuncia o desistimiento perjudicaría a éstos, lo que ha de llevar a estimar el recurso interpuesto.»
Es decir, en supuestos como el presente, no puede entenderse que el crédito por costas sea de libre disposición por la parte beneficiada por la condena ni que le corresponda la propiedad de tal crédito, porque la Ley contiene una disposición especial sobre el destino que debe darse a esas cantidades, en concreto: el abono de los honorarios profesionales del Abogado y Procurador que han intervenido de oficio en virtud de lo dispuesto por le Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Es decir, quien resulta beneficiado por la condena en costas es el Erario Público y no la parte, que obviamente no podrá hacer suyas las cantidades así obtenidas. Por tanto, las cantidades así logradas deben ser destinadas preferentemente a ese fin y no a la satisfacción de otros créditos que la apelante pueda ostentar frente a los aparentemente beneficiados por la condena en costas.”
- Auto 4/2.004 de 12 de enero de la AP de ASTURIAS (SEC.4ª)
“El artículo 36 de la Ley contempla y regula el supuesto de la existencia de condena en costas en los procesos en que las partes hayan gozado del beneficio de asistencia jurídica gratuita, estableciendo que si la Sentencia contuviera pronunciamiento sobre costas a favor de quien hubiese obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, la parte contraria, es decir la condenada en costas, deberá abonar las causadas en la defensa de aquélla, conforme señala el número 1 del precepto, disponiendo por último en su número 5 que obtenido el pago por los profesionales designados de oficio, éstos estarán obligados a devolver las cantidades percibidas con cargos a fondos públicos por su intervención en el proceso.
Si se ponen en relación los preceptos legales citados con los reguladores de la tasación de costas contenidos en los artículos 241 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil habrá de concluirse que en los casos de concesión del beneficio de asistencia jurídica gratuita el litigante no ostenta crédito alguno dimanante del supuesto abono de honorarios y derechos a los profesionales que lo hayan representado y defendido en el proceso, y que estos pueden, en cuanto titulares de los respectivos créditos y con arreglo a lo establecido en el artículo 242 número 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solicitar la tasación de costas en nombre propio, como declaró esta Sala en su Auto de fecha 20 de febrero de 2002, cuyo criterio fue reiterado en otras resoluciones posteriores.”
- Auto 741/2009 de 13 de julio de la AP de MADRID (SEC.17ª)
“Por todo ello, y puesto que la ley procesal no lo prohíbe y puesto que la propia ley de justicia gratuita nos marca el camino para remunerar los servicios de los letrados de oficio cuando el condenado abona las costas de su actuación procesal, entendemos que es procedente acceder al mandamiento de pago de las costas consignadas a favor de los profesionales que lo reclaman. Siempre teniendo en cuenta que ésta es una acción que únicamente les correspondería a los letrados de oficio que han actuado cuando su cliente ha contado con el reconocimiento a la justicia gratuita, y que tienen la obligación establecida en el punto quinto del art. 36 de la LJG de devolver todas aquellas cantidades que hayan percibido con cargo a los fondos públicos.”
por Miguel Rodrigo Moralejo | Ago 29, 2017 | Justicia Gratuita
La reciente Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de junio de 2017 (recurso 375/2015) viene a esclarecer cual es el criterio para determinar el coste económico de la labor del contador-partidor designado judicialmente cuando alguna de las partes es beneficiaria de justicia gratuita.
La Gerencia del Ministerio de Justicia venía aplicando, por analogía, los módulos de compensación económica previstos en el Anexo II del RD 996/2003 (Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita) a las actuaciones de los contadores-partidores, al entender que aquella actividad estaba comprendida dentro de la actuación propia y reservada a los abogados, aunque no intervengan como abogados de las partes. En base a ello entendía que aquella labor encajaba en el supuesto previsto en el citado anexo de asistencia a las partes en la división judicial de patrimonios y le aplicaba el módulo de 150€.
La Audiencia no comparte dicho argumento y se remite a otra Sentencia suya reciente en la que se había planteado la misma cuestión (Sentencia de 22 de junio de 2017, rec.397/2015) rechazando la aplicación del baremo:
· En primer lugar porque los contadores no asisten a las partes sino que auxilian a los órganos jurisdiccionales, sus funciones son completamente distintas de las de los abogados de parte, defensa de intereses ajenos, frente a la función de los contadores, de naturaleza pericial.
· Y, por otro lado, entiende que es contrario a la normativa el aplicar, por vía de analogía in extenso, los baremos del turno a supuestos no contemplados expresamente dentro del mismo dado que su establecimiento exige, conforme señala el artículo 40 de la LAJG, el previo informe del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo General de los Colegios de Procuradores de España.
Por tanto, la retribución del contador se establecería como la de cualquier otro perito con cargo a la Gerencia, acudiendo al artículo 46 del RD 996/2003, que determina una serie parámetros a tener en cuenta para su a aprobación por parte de la Gerencia como son las horas de trabajo y los gastos en los que sea necesario incurrir. Es decir que habría que valorar la real entidad de la labor realizada, siendo razonable la aplicación de los criterios de minutación de los Colegios, al tener dicha pericia por base una profesión colegiada, dado su carácter meramente orientador ya que la cifra de 150€ no responde a la realidad y entidad de las funciones desarrolladas en dicho caso por el contador.
Por último, y no menos importante, conviene subrayar que en la sentencia comentada se señala que la actividad de la Gerencia del Ministerio de Justicia en relación a la aprobación de la previsión del coste económico remitida por el contador-partidor tiene carácter administrativo, en tanto que ha de aprobar una actividad no presupuestada previamente de la cual se hace responsable para un eventual posterior pago, y por tanto susceptible de fiscalización por la Jurisdicción contencioso-administrativa.
